Al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la organización Prestadores Unidos Mar del Plata expresó su preocupación por la falta de avances en la implementación de las medidas previstas por la normativa y aseguró que la crisis que atraviesa el sector "continúa sin respuestas concretas por parte del Estado".

A través de sus redes sociales, el colectivo recordó que la declaración de la emergencia representó "el reconocimiento de una realidad insostenible" que desde hacía años venían denunciando las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones y los prestadores.

Sin embargo, advirtieron que, doce meses después, "la emergencia continúa" y que la respuesta estatal "sigue ausente". En ese sentido, señalaron que la ley contemplaba una recomposición del financiamiento del sistema, la actualización del nomenclador y la recuperación del poder adquisitivo perdido durante años, objetivos que, según sostienen, no se cumplieron.

Desde Prestadores Unidos afirmaron que el atraso histórico en los valores de las prestaciones nunca fue reparado y cuestionaron que, durante los últimos seis meses, los incrementos acumulados apenas representaron alrededor de 3.000 pesos por prestación, una cifra que consideraron insuficiente frente al aumento de salarios, alquileres, servicios, cargas sociales, seguros, insumos y otros costos operativos que enfrentan quienes brindan atención.

Asimismo, remarcaron que la propia Ley de Emergencia contemplaba mecanismos de compensación económica para los prestadores. Indicaron que miles de profesionales realizaron las presentaciones requeridas por el Estado hace más de seis meses, aunque esas compensaciones todavía no fueron abonadas.

El comunicado también denuncia que persisten las demoras en las autorizaciones, los recortes de prestaciones "sin fundamentos clínicos" y los pagos fuera de término. A ello sumaron que numerosos prestadores reciben como respuesta de distintas obras sociales que los fondos aún no fueron transferidos por los organismos correspondientes, situación que, aseguran, prolonga la incertidumbre y afecta la continuidad de los tratamientos.

"La realidad vuelve a recaer sobre las familias, los profesionales y las personas con discapacidad", sostuvieron desde la organización, al tiempo que reclamaron políticas públicas sostenidas, mayor gestión y organismos que funcionen con previsibilidad y diálogo.

Finalmente, Prestadores Unidos Mar del Plata reafirmó su compromiso de continuar visibilizando la situación hasta que la emergencia "deje de ser una declaración y se transforme en políticas públicas concretas". "La discapacidad ya no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones", concluyó el pronunciamiento.