La Asamblea Playas del Sur, junto con la asociación Surfrider Argentina, inició una acción judicial contra la Municipalidad de General Pueyrredon para solicitar la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental que habilitó, en el barrio Alfar de Mar del Plata, la construcción de un complejo de ocho edificios de más de 14 metros de altura sobre el frente costero. El proyecto contempla un total de 40.000 metros cuadrados construidos y se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 530 de la Ruta 11.

El lote en cuestión presenta, según los denunciantes, límites territoriales indeterminados. ¿Qué significa esto? “Las fronteras de la reserva, el mar y el arroyo son todas públicas y se encuentran, casualmente, indeterminadas, facilitando su apropiación privada”, señalan los denunciantes y la abogada Dra. Soledad Arenaza.

Además, remarcan: “Es un proyecto inmobiliario sin antecedentes en la historia de la urbanización costera de General Pueyrredón, cuya ordenanza se gestó en menos de 40 días y que sienta un precedente para otros proyectos similares expectantes sobre el resto de las playas del sur”.

Límites costeros sin actualizar

Según sostienen las organizaciones, tanto el gobierno provincial como el municipal mantienen obligaciones pendientes respecto de estos terrenos.

“La Provincia, como autoridad del agua, reconoció que la demarcación del límite de la franja costera está vencida y sin actualizar desde hace años, labor que le corresponde. Y el municipio, como policía urbanística, es quien debe asegurar a los ciudadanos el acceso público a las playas y pedir al gobierno bonaerense la actualización de la línea”, señalan.

Por eso, la presentación judicial no constituye un trámite más: solicita que la Justicia actúe con urgencia, debido a que, según sostienen los demandantes, buena parte del daño ambiental que se busca evitar ya se estaría produciendo sobre el terreno.

Según la documentación acompañada a la demanda, en el predio de La Reserva Explanada ya se realizaron tareas de remoción y trasplante de árboles y de fijación de médanos antes de que existiera una evaluación ambiental que las autorizara.

El proyecto, impulsado por el Fideicomiso La Reserva Explanada, prevé 198 unidades habitacionales destinadas a alojar de forma permanente a cerca de 600 personas, en un predio lindero al arroyo Corrientes y a la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur.

El emprendimiento contempla, además, la extracción de aproximadamente 750 árboles y movimientos de suelo sobre un cordón de médanos que especialistas describen como un ecosistema frágil, en pleno proceso de erosión costera.

Kanki Alonso, integrante del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur, calificó la situación como “muy grave” y sostuvo que el emprendimiento podría sentar un precedente para la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios sobre la primera línea de médanos de las playas del sur.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre las organizaciones es la posible eliminación de unos 750 árboles, plantados en la década de 1940 por el Ministerio de Agricultura bonaerense durante la construcción de la Ruta 11, en el tramo que conecta Mar del Plata con Miramar.

“Si este proyecto no es frenado por el Poder Judicial, corre peligro el carácter natural de todas las playas del sur”, sostuvo Alonso, quien también planteó que el desarrollo podría afectar el derecho de los vecinos y de la comunidad en general al acceso y disfrute de las playas, consideradas bienes de dominio público.

El dirigente ambientalista remarcó, además, que el emprendimiento se emplazaría en un sector que actualmente no cuenta con servicio de cloacas. En ese sentido, cuestionó las consecuencias que podría generar la incorporación de nuevas unidades habitacionales en materia de infraestructura y tratamiento de efluentes.

Según explicó, el proyecto contempla la construcción de ocho edificios de más de 14 metros de altura, con subsuelos de aproximadamente seis metros de profundidad. Para Alonso, el impacto no se limitaría al aspecto visual, sino que también alcanzaría cuestiones relacionadas con los residuos cloacales, la dinámica natural de las playas y los médanos y el proceso de erosión costera.

Las irregularidades denunciadas

La demanda enumera una cadena de presuntas irregularidades que, según sus autores, dejaron a Mar del Plata sin las garantías mínimas para evaluar una intervención de semejante magnitud sobre la costa:

· Sin aval provincial. La ordenanza municipal que habilitó nuevos parámetros urbanísticos para esa única parcela nunca fue convalidada por la Provincia, pese a que, según los demandantes, se trataría de un requisito obligatorio en zona costera.

· Línea de ribera vencida. El límite que separa lo que se puede y lo que no se puede construir data de 2012 y nunca fue actualizado, aun cuando la legislación exige revisarlo cada diez años. Los informes técnicos más recientes de la Autoridad del Agua ubicarían el límite real varios metros más adentro del predio en disputa.

· Sin demarcar la protección del arroyo Corrientes No existe, según la demanda, una demarcación oficial de la franja que debería proteger al arroyo de cualquier construcción.

· Reserva Costanera Sur sin mensurar. El Municipio arrastra sin resolver, desde 1995, la obligación de mensurar la reserva lindera, lo que, según los denunciantes, impide determinar con certeza si la obra invade o no tierras de dominio público.

· Aprobación condicionada a un proyecto que deberá modificarse. La autorización ambiental se otorgó sobre un diseño que la propia administración reconoce que deberá modificarse para ajustarse a una restricción de 150 metros desde el mar.

· Sin estudio arqueológico. El estudio de impacto ambiental no habría incluido un relevamiento arqueológico, pese a la cercanía de un sitio de más de 7.000 años de antigüedad identificado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata.

Pedido de suspensión de las obras

La causa, iniciada por la Asamblea Playas del Sur contra la Municipalidad de General Pueyrredón bajo la carátula “Asamblea Playas del Sur c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Pretensión Anulatoria”, solicita la suspensión inmediata de la Declaración de Impacto Ambiental, la anotación de litis sobre las parcelas afectadas y una prohibición expresa de continuar con cualquier obra, movimiento de suelo o acción comercial mientras dure el litigio.

La urgencia no es un detalle menor. Los presentantes advierten que el emprendimiento ya se está comercializando a través de distintas inmobiliarias, con entrega prevista para diciembre de 2026, pese a no contar, según señalan, con los permisos de obra definitivos.

Para las organizaciones, cada semana que transcurre sin una respuesta judicial acerca al barrio Alfar a un escenario de hechos consumados.