La pericia mecánica realizada por un especialista designado por la querella en la causa por la tragedia ocurrida frente al Skatepark, que involucró a un colectivo de la Línea 532, volvió a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del transporte público en Mar del Plata.

El informe determinó que la unidad presentaba importantes deficiencias mecánicas y de seguridad, concluyendo que el vehículo “no se encontraba apto para el servicio”. A partir de ese dato, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata – Batán en Unidad Socialista, Pablo Aceto, renovó sus críticas al actual esquema de concesión privada y reclamó avanzar con la aplicación de la Ordenanza 6979, sancionada en 1987.

“Hace años que venimos discutiendo la aplicación de la Ordenanza 6979, que establece que el transporte público debe ser administrado por una sociedad del Estado municipal. No estamos hablando de crear una herramienta nueva, sino de aplicar una norma que está vigente y que puede darle una solución a esta concesión precaria”, sostuvo Aceto.

Para el dirigente socialista, la problemática del transporte marplatense dejó de estar limitada a cuestiones históricas como la falta de accesibilidad, la cobertura insuficiente en distintos barrios o el elevado costo del servicio.

“Ya no estamos hablando de que el transporte no integra la ciudad, de que muchos sectores no tienen una cobertura adecuada o de que el boleto tiene un costo prohibitivo. Estamos hablando de algo mucho más grave: que quien se sube a un colectivo tiene que tener la seguridad de que va a llegar con vida a destino”, afirmó.

Aceto vinculó la situación actual con el modelo privatizador aplicado durante décadas y cuestionó la lógica de las concesiones privadas para administrar un servicio esencial.

“Esto está muy vinculado con todo el modelo privatizador. El transporte público no puede estar pensado solamente desde la rentabilidad empresarial. Es un derecho de la comunidad y tiene que estar garantizado por el Estado con planificación, control y seguridad”, expresó.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre la continuidad del esquema vigente y reclamó que el debate se centre en los intereses que sostienen el actual sistema.

“¿Qué hay detrás de la concesión del transporte? ¿Qué intereses hacen que durante tantos años se mire para otro lado? La Ordenanza 6979 está vigente y está para dar una respuesta a esta situación”, señaló.

El dirigente también cuestionó la falta de respuestas políticas ante los problemas acumulados del servicio y apuntó tanto al oficialismo como a sectores de la oposición.

“Es momento de tomar decisiones. Después de estos hechos, nadie debería mirar para otro lado. Hay que preguntarse por qué una propuesta que plantea una gestión pública del transporte no se discute seriamente y qué intereses terminan sosteniendo un sistema que claramente muestra sus falencias”, manifestó.

Finalmente, Aceto insistió en que la discusión de fondo no debe reducirse a resolver problemas coyunturales, sino a definir qué modelo de transporte necesita Mar del Plata.

“La discusión es si vamos a seguir con un sistema basado en concesiones privadas que ha demostrado sus límites o si vamos a avanzar hacia un transporte administrado como una política pública, donde la prioridad sean los usuarios y su seguridad”, concluyó.