La asociación civil Mirada Ciudadana formalizó un pedido de informes ante la Municipalidad de General Pueyrredon para conocer a fondo las condiciones de la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el resto de los escenarios del Parque Municipal de los Deportes. El requerimiento apunta directamente a la gestión de la empresa Minella Stadium S.A., actual administradora del complejo.

La solicitud se ampara en la Ordenanza 13.712 de Acceso a la Información Pública. Esta normativa local es clave, ya que obliga al Ejecutivo Municipal a brindar una respuesta formal en un plazo perentorio de diez días hábiles.

La presentación de la ONG abarca aspectos que van desde lo contractual hasta el origen de los fondos de la firma privada. Entre los principales requerimientos se destacan:

El contrato y las obras: Exigen una copia certificada del acuerdo entre el Municipio y la empresa, junto con el plan definitivo de obras y el detalle de las inversiones edilicias que se ejecutaron hasta la fecha.

La lupa sobre las finanzas: La entidad solicitó precisiones sobre el pago del canon acordado, la composición accionaria de Minella Stadium S.A. (y sus firmas vinculadas) y las declaraciones juradas que acrediten el origen de los fondos, incluyendo si los responsables revisten la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Pliegos y permisos: Buscan constatar el nivel de cumplimiento de las obligaciones del pliego de bases y condiciones, así como las autorizaciones correspondientes para las actividades desarrolladas en el predio.

Uno de los ejes centrales del pedido hace foco en el estado actual de la tribuna techada del estadio mundialista, la cual permanece clausurada desde hace años debido a graves fallas estructurales.

Asimismo, Mirada Ciudadana solicitó el listado completo de los eventos realizados desde que la empresa tomó posesión de las instalaciones y requirió verificar si se está cumpliendo con la ordenanza vigente que garantiza el uso de los espacios para los clubes marplatenses que disputan torneos y competencias a nivel nacional.

A partir de esta presentación, el reloj empezó a correr para la administración municipal, que deberá responder a cada uno de los puntos dentro del límite que fija la ley.